Voz en Libertad

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León Manuel Bartlett, ¿parentesco vergonzante?

Por Paco Guisa

La semana pasada dominó en los medios el escándalo sobre la compra de ventiladores al hijo del Lic. Manuel Bartlett Díaz, alto funcionario de la 4T como Director General de la CFE y la supuesta ilegalidad de la transacción que fue del orden del millón y medio de pesos por cada ventilador, sosteniendo, los críticos de la operación, que fueron adquiridos por el Gobierno con un sobreprecio, muy por encima del que circula en el mercado, y sin el afán de defender ni atacar a nadie el tema me motiva las siguientes reflexiones:

Es de observar que los señalamientos se han centrado en el cercano parentesco del propietario de la empresa Cyber Robotics Solutions, León Manuel Bartlett Álvarez, que importó los aparatos y los vendió al IMSS, con el Director de la CFE, y no en los funcionarios del IMSS que realizaron la compra firmando los contratos respectivos, trascendiendo además la exigencia de algunos como la Senadora Xóchitl Gálvez para que la Secretaría de la Función Pública realice una investigación al hijo de Bartlett, a su empresa y al propio Director de la CFE, por la supuesta ilegalidad en la adquisición.

Veamos: León Manuel Bartlett Álvarez no es funcionario público sino empresario y por lo tanto no está sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de tal forma que si no está suspendido en sus derechos ciudadanos, por estar purgando una condena o por estar siendo procesado, tiene la absoluta libertad de dedicarse a la actividad que quiera, siempre y cuando esta sea lícita; tampoco el vínculo familiar con un funcionario lo limita para realizar transacciones comerciales con el Gobierno y a menos que se confirme la intervención, recomendación o presión del Lic. Bartlett para que el IMSS le comprara a su hijo los multicitados ventiladores, no se acredita el supuesto Tráfico de Influencias cuya existencia se ha pretendido difundir mediáticamente.

Por ello, la Función Pública debe enfilar sus baterías en la revisión de los contratos respectivos, en el proceso de adquisición y en la participación de los funcionarios del IMSS que intervinieron autorizando la adquisición de marras, para que, en caso de confirmar que la compra fue realizada ilegalmente, se finquen las responsabilidades a quienes corresponda en el gobierno, pues de comprobarse que todo está en orden y se hizo conforme a derecho, no pasaría de ser un escándalo mediático más y una tentativa de calumnia, que no habrá cuajado.

Entre toda esta maraña de información, es relevante reconocer que la Emergencia como justificación para realizar la compra por adjudicación directa no constituye dar “manga ancha” ni extender una carta de impunidad para que se adquieran los enseres y servicios muy por encima del costo de mercado. Así también debemos observar que las empresas se constituyen con fines de lucro y es obvio que en la transacción obtengan una ganancia razonable, únicamente cuestionable moralmente (mas no penalmente), si esta es excesiva en medio de la emergencia aprovechándose de la necesidad del gobierno por obtener el bien en un breve tiempo y en cantidades y calidad óptimas.

Por todo ello, en este asunto es de aplicar la conocida frase de AMLO: “Serenos Morenos”, dirijan sus cañones hacia el lugar indicado.